Entre 20 a 190 bolivianos tuvieron que pagar padres de familia para inscribir a sus hijos en algunas unidades educativas, según trabajo de acompañamiento realizado por la Defensoria del Pueblo, informó Rolando Villena.
Los montos son demandados para el pago al profesor de computación, bibliotecaria, cocinera que prepara el desayuno escolar, refacción de la infraestructura, fumigado, entre algunos requerimientos que deben ser cubiertos por el Estado.
Además, la autoridad recomendó a las autoridades del ministerio de Educación la inscripción prioritaria, separada del proceso regular de registros, de las y los estudiantes con discapacidad para garantizarles el acceso pleno y sin discriminación al sistema educativo regular.
La Defensoría del Pueblo movilizó a más de 100 servidoras y servidores de la institución que asistieron a 252 unidades educativas, de las cuales 196 corresponden a las ciudades capitales y 56 a otras poblaciones. Se pudo solucionar más del 80% de los reclamos.
Entre otros problemas identificados, se evidenció la falta de información suficiente, el desorden generado por los sorteo, que afectó principalmente a estudiantes nuevos, a los que no viven en la zona del establecimiento y a quienes cambiaron de residencia; el incumplimiento de la norma en lo referido a la presentación del certificado de nacimiento actualizado y la libreta de vacunas completa.
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