domingo, 11 de enero de 2015

Educadores exigen sueldo de Bs 8.300

El dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, afirmó que el incremento salarial de este año debe ser Bs 8.300 de acuerdo a los precios de la canasta familiar.

El dirigente cree que con la baja del precio del petróleo a nivel internacional, el Gobierno disminuirá el gasto de educación, lo que derivaría en el despido de maestros que tienen más de 60 años.

Canasta familiar. "Vamos a incorporarnos con la necesidad de un verdadero incremento salarial, nosotros creemos que todos los empleados públicos, los maestros, los trabajadores debiéramos ganar un sueldo de acuerdo a la canasta familiar que oscila en más de 8.300 bolivianos", manifestó Álvarez.

Su demanda estaría respaldada por un estudio, el cual indica que ese monto cubre las necesidades básicas de una familia de cinco miembros. Para Álvarez, con esta suma, se puede pagar los gastos de alimentación, de educación, salud y transporte; aunque existen otras necesidades primordiales para las familias bolivianas.

El dirigente no quiso referirse a futuras movilizaciones por el aumento salarial, aunque no descartó una marcha simbólica.

La inflación determina el incremento salarial. El martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que la inflación acumulada del año 2014 ascendió a 5,19% y este dato es utilizado tradicionalmente por el Gobierno para determinar el incremento salarial.

La gestión pasada el Gobierno determinó el incremento salarial del 10% al sector público y las masa salarial y del 20% al mínimo nacional, que lo fija en 1.440 bolivianos.

Presión
Fabriles exigen Bs 2.000 de salario mínimo

Incremento. La Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia ratificó el fin de semana que su pedido de incremento salarial será del 15% para el 2015 y que se demandará que el salario mínimo nacional ascienda a 2.000 bolivianos, según lo determina en un último ampliado del sector.

Rechazo. Esta determinación fue rechazada por el sector empresarial. Un incremento salarial debe ser consensuado entre los trabajadores, empleadores y el Gobierno.

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