El dinero solicitado por Silvia asciende a los Bs 30.000 y, según Toledo, la imputada se hacía pasar como funcionaria del colegio, se ganaba la confianza de los papás, de los maestros e incluso pidió los requisitos del Ministerio de Educación para el ingreso de nuevos alumnos a dicho centro. También daba lista de útiles.
Víctor Alfonso Peña, por sugerencias de amigos, buscó a Silvia para inscribir a su sobrina al kínder. Dijo que entregó los documentos y le creyó a la sindicada porque la veía hacer las transacciones dentro del colegio. Peña pidió que intervenga la Defensoría de la Niñez ya que Silvia no devolvió toda la documentación de los niños.
Al respecto, Rolando Lozano, abogado de la imputada, dijo que su defendida fue aprehendida con violencia y que los padres, al pagar, contribuyeron en un hecho de corrupción. La fiscal presentó una solicitud de juicio abreviado para Silvia, ya que aceptó la comisión del delito de estafa agravada
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