La Gobernación de Santa Cruz solicitó al Gobierno la transferencia de los recursos destinados al pago de salarios de los maestros, amparada en un fallo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ante una demanda referida a las atribuciones autonómicas.
No obstante, en el Ministerio de Educación afirman que seguirán a cargo de dicha función, tal como lo establece la Ley Financial y alegan que el pronunciamiento del tribunal no especifica nada sobre la administración de estos fondos.
El 11 de octubre de 2012, el TCP emitió un fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en enero de 2011, que cuestionaba los artículos 76, 78, 79 y 80 de la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, con el argumento de que ésta vulnera la autonomía.
El fallo declaró constitucional a tres de los cuatro artículos e inconstitucional a la última parte del inciso a del artículo 78 y a los incisos d y e del noveno artículo de las disposiciones transitorias.
En este marco, la secretaria de Educación y Cultura de la Gobernación cruceña, Paola Parada, informó ayer que “mandamos una carta al presidente Evo Morales; al ministro de Educación, Roberto Aguilar; y al ministro de Economía, Luis Arce, para que nos transfieran los recursos destinados al funcionamiento de las direcciones departamentales de Educación, como por ejemplo los del pago de haberes del magisterio. Tal como dice el fallo”.
Al respecto, el ministro Aguilar dijo a Página Siete que el fallo del TCP no es claro y que en ninguna parte de la ley educativa se establece que las gobernaciones se harán cargo del pago de salarios de los maestros.
“Existe un vacío (...) Al no haber eso (una especificación) se ha generado una confusión, por eso nosotros nos apoyamos en la Ley Financial 2013, que está vigente y que el tribunal no anuló”, sustentó la autoridad.
En esa línea, Aguilar insistió en que el pago de los salarios sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Educación.
En criterio de Parada, la Ley Financial debe ser reformulada “sí o sí”, ya que el tribunal falló en favor de las gobernaciones.
La funcionaria anunció que la Gobernación cruceña creará una institución paralela a la Dirección Departamental de Educación, que sea dependiente de esta instancia.
“Esta institución se encargará de administrar los recursos para pagar a los maestros”, afirmó.
Para Aguilar, éste es un problema que va más allá del pago de salarios y que tiene que ver, incluso, con las designaciones a los docentes. “Eso puede generar problemas, por eso se va por la línea centralista para unificar las políticas en todo el territorio”, argumentó.
El ministro añadió que ante cualquier recurso que presente la Gobernación de Santa Cruz, el ministerio iniciará acciones “de violación a sentencia constitucional”, porque, en general, el fallo es favorable a la ley educativa.
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